SEGURIDAD
La consejería jurídica de la Presidencia confirmó el 4 de mayo que la Fiscalía General de la República determinó que la solicitud de detención contra el gobernador con licencia de Sinaloa no acredita la urgencia ni aporta pruebas suficientes.
Por Sergio Beltrán Morán · Coordinador de Seguridad
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas no cumple los requisitos legales para ser tramitada de manera urgente. Así lo confirmó el 4 de mayo la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, durante la conferencia matutina.
No es aún extradición formal
La consejería jurídica subrayó la distinción entre dos mecanismos del tratado bilateral México-Estados Unidos: la solicitud de detención provisional —medida cautelar— y la solicitud formal de extradición, que es el procedimiento posterior. La petición estadounidense corresponde a la primera figura, no a la segunda. La FGR concluyó que la solicitud no acreditó el elemento de urgencia ni aportó pruebas suficientes que justifiquen una privación inmediata de la libertad.
Lo que dijo la FGR
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, Raúl Armando Jiménez Vázquez, expuso el 1 de mayo en conferencia que en la solicitud estadounidense “no hay ninguna referencia, ningún motivo, ningún fundamento, ninguna evidencia” que permita apreciar la urgencia de la detención provisional. La FGR comunicó que pedirá al Departamento de Justicia de Estados Unidos enviar las pruebas y documentos necesarios bajo mecanismos que garanticen la confidencialidad.
El proceso interno en México
Funcionarios de la FGR comentaron que, una vez recibida la solicitud por vía diplomática a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público Federal inició la integración de su propia carpeta de investigación sobre los delitos imputados en Estados Unidos. Tanto Rocha Moya —con licencia del cargo— como el ex alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivíl, ya pueden ser citados a comparecer ante el MPF, pues la calidad de la licencia significa que no operan los fueros constitucionales.
La postura de la presidenta
La presidenta Claudia Sheinbaum Pérez, en la mismas conferencias, ha sostenido que la posición del gobierno mexicano frente a la solicitud es “verdad, justicia y defensa de la soberanía”: si la FGR recibe pruebas contundentes o encuentra elementos delictivos en su propia investigación, deberá proceder conforme a derecho bajo jurisdicción mexicana. La mandataria criticó que la información se haya hecho pública, en lo que calificó como una falta a la confidencialidad acordada en los tratados internacionales.
Cuáles son los siguientes pasos
La FGR enviará una comunicación diplomática solicitando a la autoridad estadounidense pruebas, documentos, informes y argumentos que permitan analizar nuevamente el caso. Si Estados Unidos acredita la urgencia, la FGR podría presentar el caso ante un juez de control, quien tendría la facultad de ordenar medidas cautelares como prisión preventiva o detención provisional, lo que iniciaría un proceso con un plazo legal de hasta 60 días. Hasta entonces, la solicitud permanece en revisión.
Antecedente: 10 funcionarios mencionados
La solicitud de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contempla a 10 personas, entre ellas Rocha Moya, Gámez Mendivíl y el legislador local Felipe “Chino” Inzunza Sustaita. La acusación estadounidense apunta a presuntos vínculos con la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”. Es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos solicita detener a un funcionario mexicano en funciones de gobernador, aunque éste se encuentre con licencia.
El proceso, advirtieron las autoridades mexicanas, se encuentra en una etapa preliminar: no existe orden de aprehensión en México ni un procedimiento de extradición en curso. La solicitud estadounidense permanece en revisión a la espera de que se presenten elementos adicionales que sustenten su urgencia.