Por Sergio Beltrán Morán · Coordinador de Seguridad
La Fiscalía General de la República sostiene en una solicitud de orden de aprehensión que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna encabezaron una red de huachicol fiscal en aduanas mexicanas con protección institucional derivada de su parentesco con el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
El órgano de justicia federal vincula directamente esa estructura con el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ocurrido el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima. Según la indagatoria, el crimen tuvo como propósito impedir que se hicieran públicas las denuncias del marino contra los Farías Laguna, conforme a la información de la propia Fiscalía General de la República.
El parentesco que blindaba la operación
De acuerdo con la solicitud de orden de aprehensión presentada contra 15 empresarios, agentes aduanales y apoderados, los hermanos Farías Laguna operaban bajo un esquema en el que su vínculo con Ojeda Durán, en ese momento titular de la Secretaría de Marina, les permitía mantener el control de la red sin que las autoridades militares actuaran contra ellos. En esa carpeta de investigación, Ojeda Durán no aparece como imputado.
El esquema operaba mediante el ingreso irregular de hidrocarburos, principalmente diésel importado, sin pago de impuestos. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina del 12 de mayo que la investigación sigue en curso y precisó que la responsabilidad de aclarar los hechos recae exclusivamente en la FGR: «Es muy importante que la Fiscalía muestre las pruebas en la medida de lo posible dentro de su investigación de por qué estas personas están involucradas».
Cifras del caso
15
empresarios, apoderados y agentes aduanales señalados en la solicitud de aprehensión
5
cartas que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió a la presidencia
2024
año del asesinato del contralmirante Guerrero Alcántar, ligado a la red
Las cartas desde El Altiplano
El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 «Altiplano». Desde ahí ha enviado cinco cartas a Sheinbaum en las que asegura no haber cometido los delitos imputados y reclama acceso completo a la carpeta de investigación. En la quinta misiva, divulgada esta semana, retomó las propias declaraciones de la presidenta sobre el caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para exigir que también a él se le exhiban «pruebas contundentes».
La defensa de los marinos sostiene que tanto la Fiscalía General como la Secretaría de Marina les han negado el acceso a documentos que solicitaron formalmente, bajo el argumento de que la información se encuentra clasificada por motivos de seguridad nacional. Por su parte, el contralmirante Fernando Farías Laguna se encuentra recluido en Argentina, donde fue detenido a finales del año pasado.
Qué es el huachicol fiscal
A diferencia del huachicol tradicional, que consiste en el robo físico de combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos, el huachicol fiscal se ejecuta en aduanas marítimas y terrestres. Las redes ingresan al país hidrocarburos —principalmente diésel— declarándolos como productos no gravados por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. El gobierno federal ha estimado que esta modalidad genera pérdidas tributarias por decenas de miles de millones de pesos al año, según los reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El caso Farías Laguna estalló en julio de 2024, cuando el buque tanque Challenge Procyon arribó al puerto de Tampico con un cargamento de aproximadamente 10 millones de litros de diésel declarado como aditivo, sin pagar el IEPS correspondiente. Esa operación detonó la investigación que hoy permanece abierta en la FGR, con líneas que apuntan a la complicidad de mandos navales, agentes aduanales y una decena de empresas importadoras.
El asesinato del contralmirante Guerrero Alcántar
El contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima. En ese momento se desempeñaba en funciones administrativas vinculadas con la operación aduanal del puerto. La FGR sostiene en su solicitud de aprehensión que Guerrero Alcántar había documentado la operación de los Farías Laguna y se preparaba para denunciar formalmente la red. El crimen, según la Fiscalía, buscaba silenciarlo antes de que la información se hiciera pública.
Hasta el momento, la carpeta de investigación por ese homicidio sigue abierta y la FGR no ha informado de detenciones directamente vinculadas con el crimen. Sin embargo, los nombres de los Farías Laguna aparecen mencionados como móvil en el documento ministerial.
Qué implica para el lector
El caso Farías Laguna trasciende el ámbito penal individual. La acusación formal contra una red de huachicol fiscal operada presuntamente desde estructuras militares marca un giro en la narrativa oficial sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el control aduanal. Desde 2020, la Secretaría de Marina asumió el control operativo de los puertos del país, una decisión que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador justificó como medida anticorrupción.
El desenlace del caso —incluida la decisión sobre si Rafael Ojeda Durán será o no llamado a declarar— se ha convertido en un punto sensible para la administración de Sheinbaum, que ha sostenido públicamente que su gobierno mantiene la investigación sin protegidos. La presidenta dejó en claro que cualquier decisión sobre los señalados corresponde exclusivamente a la Fiscalía General, encabezada por Alejandro Gertz Manero.
Siguientes pasos
La FGR continúa integrando la carpeta para llevar el caso ante un juez federal. La presidenta Sheinbaum confirmó esta semana que se busca avanzar con las órdenes de aprehensión pendientes contra los 15 empresarios y agentes aduanales señalados. La defensa de Manuel Roberto Farías Laguna, por su parte, prepara recursos legales para acceder a la totalidad del expediente. La revisión de mandos militares en activo vinculados con el caso queda en manos de la Secretaría de Marina, ahora encabezada por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.