Por Sergio Beltrán Morán · Coordinador de Seguridad
La unidad especializada de la FGE reveló que uno de los extranjeros portó un arma larga dentro de la Fiscalía dos días antes del operativo y que el director de la AEI nunca informó a sus superiores.
La Unidad Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, encabezada por Wendy Paola Chávez Villanueva, reveló el 12 de mayo de 2026 que cuatro civiles extranjeros sin insignias se integraron al convoy que ejecutó el operativo del 16-19 de abril contra un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Sierra Tarahumara. La unidad confirmó que uno de los extranjeros portó un arma larga dentro de las instalaciones de la Fiscalía dos días antes del operativo.
Lo nuevo del 12 de mayo
Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Administración Pública y Justicia, presentó los avances de la investigación con base en el análisis de 6 mil horas de vídeo de puntos de vigilancia, 50 declaraciones ministeriales y peritajes especializados. «Se corrobora, con base en la nueva información incorporada a la investigación, consistente en vídeos provenientes de puntos de vigilancia, que desde el jueves 16 de abril, cuando el convoy partió de la ciudad de Chihuahua, se integraron a dicho convoy cuatro personas no identificadas», expresó en la conferencia.
Las personas extranjeras viajaban vestidas de civil y sin insignias distintivas de corporación o agencia de seguridad alguna. Dos iban a bordo de la camioneta del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes (fallecido en el accidente automovilístico durante el operativo), y otros dos en la de su escolta personal, también fallecido.
El arma dentro de la Fiscalía
El hallazgo de mayor impacto fue la confirmación de que, el 16 de abril, horas antes de la salida del convoy hacia la sierra, uno de los extranjeros fue captado por los registros de vigilancia portando un arma larga dentro de las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas. Chávez precisó que la persona sostenía el arma con la mano derecha y en posición vertical, dentro del edificio oficial.
La fiscal aclaró que no se advirtió a la agencia estatal ninguna disposición de uso del arma y que, hasta el momento, no se ha corroborado que la portara fuera de las instalaciones, durante el operativo o en cualquier otro lugar. La titular de la investigación no confirmó si el sujeto que portaba el rifle era uno de los dos extranjeros fallecidos o se trata de cualquiera de los otros dos que sobrevivieron al accidente, por no estar en el vehículo que volcó.
La ausencia de autorización superior
Chávez subrayó un hallazgo institucional grave: el director de la AEI ni otros servidores públicos involucrados en el operativo solicitaron autorización o informaron a sus superiores sobre la presencia e incorporación de personas extranjeras en el convoy. La gobernadora Maru Campos y el fiscal general Guillermo Zuany decían no haber tenido conocimiento previo de la operación con extranjeros.
Esto significa que la operación con extranjeros se desarrolló bajo un esquema de «absoluta secrecía» gestionada por el comandante Oseguera Cervantes, quien omitió informar a sus superiores. La fiscal advirtió que los actos de investigación permiten advertir la posible intervención, conocimiento o participación de otros funcionarios de la FGE en la operación. La investigación busca deslindar responsabilidades sobre una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional.
La pista hacia la CIA
Las autoridades estatales habían señalado previamente que los extranjeros podrían ser elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), versión reforzada por un reportaje de CNN del 12 de mayo. La presidenta Claudia Sheinbaum negó enfáticamente en la mañanera del 13 de mayo que la CIA opere «acciones letales» en territorio mexicano y calificó el reportaje como «sensacionalista». Sin embargo, la información consular oficial sobre la identidad y los cargos de los extranjeros sigue pendiente, pese a las solicitudes formales hechas a la representación diplomática estadounidense.
La FGR opera dos carpetas abiertas por los hechos en Chihuahua: una por el aseguramiento del narcolaboratorio en la Sierra del Pinal (con avances reportados el 6 de mayo: 55 mil litros de sustancias líquidas, 50 toneladas en estado sólido y 2 mil litros de metanfetamina) y otra por la presunta injerencia de agentes extranjeros en el operativo. La FGR no ha emitido todavía informe público sobre la segunda línea de investigación.
El caso ocurre en simultaneo con la presión estadounidense sobre México para intensificar la cooperación antinarcóticos. El 12 de mayo, el secretario de Guerra Pete Hegseth exigió al gobierno mexicano «dar un paso adelante» contra los cárteles. La presencia de presuntos agentes de la CIA en operativos mexicanos -sin autorización federal ni notificación al gobierno mexicano- ha sido señalada por el gobierno de Sheinbaum como una violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.
Lo que viene
La investigación de la FGE Chihuahua continuará con el análisis de más registros documentales y el cruce de información con la FGR. Se espera que en las próximas semanas se publiquen avances en la determinación de la identidad de los extranjeros y de los funcionarios de la FGE que pudieron haber tenido conocimiento de la operación. La carpeta de investigación se mantendrá abierta hasta determinar responsabilidades penales si las hubiera.
Mientras tanto, en el Senado Morena impulsa una solicitud de juicio político y desafuero contra la gobernadora Maru Campos por el caso. La línea opositora sostiene que la gobernadora tenía conocimiento de la operación, una versión que Campos ha negado en múltiples comparecencias públicas. La disputa política entre el gobierno federal de Sheinbaum y la administración estatal de Campos (PAN) tensiona el escenario electoral rumbo al proceso 2026-2027.