Por Fernando Ortega Salinas · Coordinador de Economía
El salário es intangible. La SCJN ratificó este principio constitucional al determinar que ninguna deducción salarial puede aplicarse de manera automática sin fundamento legal expreso y sin consentimiento del trabajador. El fallo, formalizado en febrero, ha generado revisiones retroactivas y abrirá una etapa de mayor responsabilidad de los patrones al disenar políticas de retenciones.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la aplicación de deducciones salariales automáticas a trabajadores, al determinar por mayoría de votos que estas prácticas infringen el principio de intangibilidad salarial, uno de los fundamentos esenciales del derecho laboral mexicano, en un fallo que abre la posibilidad de revisiones retroactivas y de devolución de retenciones aplicadas sin fundamento legal expreso.
El fallo fue formalizado el 22 de febrero de 2026 y dispuso la suspensión inmediata de las retenciones automáticas sin consentimiento del trabajador. La decisión marca un precedente importante en la práctica laboral mexicana, donde diversas políticas de retenciones salariales —cobro de créditos, deudas con la empresa, descuentos por equipo o uniformes— se aplicaban sin verificación previa del consentimiento del trabajador.
Qué es la intangibilidad salarial
La intangibilidad salarial es un principio constitucional protegido por el artículo 123 de la Constitución y desarrollado en la Ley Federal del Trabajo. Establece que el salario es propiedad exclusiva del trabajador desde el momento en que se devenga, y que nadie —ni el patrón, ni terceros— puede disponer de él sin la voluntad expresa del trabajador o sin fundamento legal específico.
Las deducciones salariales aplicables son taxativas: cuotas obrero-patronales (IMSS, ISSSTE), aportaciones a Infonavit o Fonacot, impuestos retenidos al salario, pensiones alimenticias decretadas judicialmente, y deducciones autorizadas expresamente por el trabajador por escrito. Cualquier otra deducción requiere consentimiento del trabajador y, en algunos casos, autorización judicial o administrativa adicional.
El argumento de la Corte
La SCJN resolvió que las deducciones aplicadas de manera automática por los empleadores —sin verificar el consentimiento del trabajador o sin fundamento legal específico— infringen el principio de intangibilidad salarial. La medida se aplica de manera inmediata: las retenciones que no cumplan con estos requisitos deben suspenderse y, en su caso, los montos retenidos deben ser devueltos al trabajador.
El fallo no impide deducciones legítimas, específicas y consentidas: cuotas sindicales (con autorización del trabajador para el sindicato correspondiente), cuotas de servicios médicos voluntarios, préstamos al empleado con plan formal de pago, entre otras. Lo que la Corte cancela es la aplicación automática sin verificación.
- Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Fecha: 22 de febrero de 2026.
- Decisión: mayoría de votos.
- Principio: intangibilidad salarial.
- Efecto: suspensión inmediata de deducciones automáticas.
- Adicional: posibilidad de revisión retroactiva.
Qué implica para los trabajadores
Los trabajadores que reciban deducciones salariales en sus recibos de nómina deben verificar si cuentan con el fundamento legal correspondiente y, en su caso, si dieron su consentimiento expreso. Para revisar: el recibo de nómina detalla las deducciones aplicadas; la solicitud de revisión puede ser dirigida al patrón, al departamento de recursos humanos, al sindicato (si aplica) o, en última instancia, ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).
Si el trabajador identifica deducciones aplicadas sin su consentimiento o sin fundamento legal válido, tiene derecho a solicitar la devolución de los montos retenidos. La nueva línea jurisprudencial protege expresamente esa pretensión. Los plazos para reclamar son los generales del derecho laboral: un año a partir del momento en que la deducción se hizo efectiva.
Qué implica para las empresas
Las empresas deben revisar sus políticas de retención salarial y asegurar que cada deducción aplicada cuente con: fundamento legal específico (impuestos, cuotas obligatorias) o consentimiento expreso del trabajador (deducciones voluntarias). Las políticas estándar de descuentos por equipo, uniformes, faltas no justificadas o errores menores en el trabajo —deducciones comúnmente aplicadas en algunos sectores— deben fundamentarse en consentimiento documentado del trabajador.
El cumplimiento del fallo implica revisar reglamentos internos de trabajo, contratos individuales y contratos colectivos para confirmar que las deducciones estén debidamente fundadas. Las empresas que no se ajusten al criterio constitucional enfrentan litigios laborales por devolución de retenciones, con potencial costo económico y reputacional.
Las revisiones retroactivas
El fallo abre la posibilidad de que trabajadores soliciten la revisión retroactiva de deducciones aplicadas en el pasado, sujeto a los plazos legales de prescripción. La práctica jurídica posterior al fallo mostrará el alcance efectivo de estas revisiones, pero el principio es claro: si una deducción se aplicó sin fundamento legal o sin consentimiento, el trabajador puede reclamar.
El gobierno federal y los gobiernos estatales —grandes empleadores con miles de trabajadores con políticas de descuentos diversas— son destinatarios especialmente importantes del fallo. La revisión de las políticas internas de los entes públicos puede generar volumen significativo de litigios laborales si no se atienden adecuadamente.
El contexto laboral
El fallo se inserta en un contexto donde el derecho laboral mexicano ha tenido reformas sustantivas en los últimos años: jornada laboral, salario mínimo, vacaciones dignas, prohibición de outsourcing, redefinición de las relaciones individuales y colectivas. El reforzamiento del principio de intangibilidad salarial complementa estas reformas al consolidar los derechos del trabajador frente al empleador.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) son las autoridades responsables de apoyar a los trabajadores en la defensa de sus derechos. El nuevo criterio jurisprudencial fortalece el marco normativo bajo el cual operan estas instancias.
Lo que viene
El criterio sentado se aplica de manera obligatoria a tribunales federales en materia laboral. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación deben aplicar el principio en los casos pendientes y futuros. Las empresas que deseen revisar sus políticas internas pueden consultar con abogados laborales especializados o con la PROFEDET.
El balance del fallo es claro: el salario es del trabajador, y las políticas de retenciones requieren respeto a su voluntad expresa o fundamento legal explicito. Una protección que se traduce, en la práctica, en mayor poder de negociación del empleado frente al patron y en mejor cumplimiento de la legislación laboral.