Por Patricia Aguirre Tovar · Editora Web y Redes
La sentencia de la SCJN abre una grieta importante en el modelo de financiamiento de las universidades públicas mexicanas: los cargos por cursos obligatorios para obtener título profesional son inconstitucionales. La medida concreta beneficia a un estudiante específico de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero el criterio sienta precedente para que otros alumnos en circunstancias similares puedan promover amparos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo en el que determina que los cargos por cursos considerados requisito esencial para la obtención de título profesional en instituciones públicas son inconstitucionales, en una resolución promovida por un estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM que cuestionó el cobro de 3 mil pesos como condición para titularse.
La sentencia se sustenta en el principio de gratuidad de la educación consagrado en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La SCJN le dio la razón al alumno y ordenó a la Facultad de Derecho de la UNAM reembolsar los 3 mil pesos cobrados al estudiante en cuestión.
El caso específico
El amparo fue promovido por un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las instituciones públicas más reconocidas del país. La institución le requirió el pago de 3 mil pesos para acreditar un curso considerado obligatorio en el plan de estudios y necesario para iniciar el trámite de obtención del título profesional.
El alumno impugnó el cobro mediante un juicio de amparo argumentando que dicha cuota contravenía el derecho fundamental a la educación gratuita garantizado en el artículo tercero constitucional. La SCJN le dio la razón al determinar que los cargos por cursos obligatorios para la titulación profesional vulneran el principio de gratuidad de la educación pública.
El argumento constitucional
El artículo tercero constitucional establece la educación pública gratuita en todos sus niveles —preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior— para los mexicanos. El principio de gratuidad implica que el acceso a la educación pública no puede estar condicionado al pago de cuotas que constituyan barreras económicas para los estudiantes.
La SCJN distinguió entre dos tipos de costos: los costos derivados de servicios complementarios o voluntarios (cursos extracurriculares, certificaciones específicas, materiales didácticos no esenciales), que pueden cobrarse legítimamente, y los costos derivados de cursos esenciales para la titulación profesional, que son requisito académico obligatorio. Los segundos son inconstitucionales si se cobran como condición para obtener el título.
- Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Institución: Facultad de Derecho de la UNAM.
- Cobro impugnado: 3,000 pesos por curso obligatorio.
- Beneficiario directo: el alumno que promovió el amparo.
- Alcance: precedente para estudiantes en situación análoga.
- Reembolso: orden a la Facultad de Derecho.
El alcance práctico del fallo
El amparo es de alcance individual: protege únicamente al estudiante que lo promovió. La Facultad de Derecho de la UNAM tiene la obligación de reembolsar los 3 mil pesos a este estudiante específico, pero el fallo no produce automáticamente un efecto general que favorezca a todos los estudiantes a nivel nacional ni a otros estudiantes de la UNAM.
Sin embargo, el criterio establecido posibilita que otros alumnos en circunstancias similares interpongan sus propios amparos. Cada estudiante que enfrente un cobro análogo —una cuota obligatoria como condición para titularse en una institución pública— puede promover juicio de amparo con base en el nuevo criterio jurisprudencial. La probabilidad de éxito aumenta significativamente con el precedente de la Corte.
El impacto institucional
Las universidades públicas mexicanas deberán revisar sus políticas de cobros para titulación y ajustar aquellas que se consideren cursos obligatorios para emitir un título. La UNAM, el IPN, las universidades estatales públicas, las universidades tecnológicas y las normales superiores son las principales destinatarias del criterio.
Cada institución maneja sus propias políticas administrativas. La autonomía universitaria, principio constitucional reconocido, permite a las universidades públicas decidir sobre sus políticas internas. Sin embargo, ninguna política institucional puede contravenir el principio constitucional de gratuidad. El equilibrio entre autonomía y derechos constitucionales es uno de los retos de la administración educativa nacional.
El contexto: el debate sobre gratuidad universitaria
La gratuidad de la educación superior es uno de los principios más defendidos por la comunidad universitaria mexicana. Las luchas estudiantiles históricas —desde 1968 hasta el rechazo a la rectoria de Francisco Barnés en 1999— han sido movilizaciones críticas para la defensa de la educación pública gratuita en México.
Sin embargo, las universidades públicas operan con presupuestos limitados frente a la creciente demanda de servicios, infraestructura y personal académico. La búsqueda de ingresos complementarios —cobros por servicios, cursos voluntarios, certificaciones— ha sido una respuesta institucional. El fallo de la SCJN establece límites claros: los cobros pueden ser por servicios voluntarios, no por requisitos obligatorios de titulación.
Lo que viene
Las universidades públicas tendrán que ajustar sus políticas. Los estudiantes que enfrenten cobros similares pueden consultar con la oficina de asesoría jurídica de su universidad o con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o con organizaciones civiles especializadas en derecho educativo, para evaluar la procedencia de un amparo.
El fallo es una señal más del fortalecimiento del derecho a la educación pública gratuita en México. Para los estudiantes que enfrentan cobros para titulación en instituciones públicas, el camino jurídico está abierto. La universidad pública, en su conjunto, se confirma como un espacio donde la gratuidad de la educación superior es un derecho constitucional protegido.