Por Daniela Sandoval Rivera · Coordinadora de Política
La presidenta convierte la polémica por el caso Rocha Moya en un balconeo bilateral: si México debe entregar a sus funcionarios por presión estadounidense, Washington tendrá que explicar también por qué ha rechazado decenas de solicitudes de detención urgente que la FGR presentó con fines de extradición.
La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este jueves 14 de mayo de 2026 que el gobierno de Estados Unidos ha negado 38 solicitudes de detención urgente con fines de extradición presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), por considerar que carecen de pruebas suficientes, una declaración con la que la mandataria respondió a las críticas internas por la negativa mexicana de actuar contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El dato surgió durante «La Mañanera del Pueblo» desde Palacio Nacional, en respuesta a preguntas sobre la postura mexicana frente al señalamiento de la Fiscalía de Nueva York contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico. La presidenta sostuvo que el principio de respeto al debido proceso aplica en ambos sentidos: México no entrega ni detiene a sus nacionales sin pruebas, ni acepta que Estados Unidos lo haga con personas reclamadas desde aquí cuando ellos consideran que el expediente está incompleto.
El argumento de la presidenta
Sheinbaum precisó que el gobierno federal ha enviado al menos 38 expedientes a Estados Unidos solicitando detenciones urgentes con fines de extradición, y que la respuesta estadounidense ha sido el rechazo por insuficiencia probatoria. Entre los casos se encuentran asuntos vinculados a Ayotzinapa y huachicol fiscal, dos expedientes especialmente sensibles para la justicia mexicana.
«No es una decisión política de que la Presidenta, es la decisión de defender la soberanía nacional y que frente a cualquier acusación se pidan pruebas para la posible detención de una persona, esa es la postura que tenemos, y no la vamos a cambiar. Si hay pruebas se procede, ?qué es eso?: la ley», expresó la mandataria durante su conferencia matutina.
El caso Rocha Moya como detonante
La polémica se intensificó tras la imputación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. La defensa mexicana de Rocha se sustenta en la falta de pruebas presentadas formalmente al gobierno federal y en el respeto a la legalidad del proceso electoral de 2021 que lo llevó al cargo, validado por autoridades electorales locales y federales.
Sheinbaum afirmó que la postura sería la misma frente a un gobernador de partido distinto a Morena: «No queremos vulnerar la relación con Estados Unidos, pero se debe defender la soberanía». La presidenta también descartó que el caso afecte el clima diplomático bilateral y recordó que el gobierno mexicano mantiene canales activos con la Casa Blanca y con la oficina del fiscal general de Estados Unidos.
- 38 solicitudes de detención urgente para extradición negadas por EEUU.
- Casos incluyen expedientes Ayotzinapa y huachicol fiscal.
- Argumento de EEUU: falta de pruebas suficientes.
- México aplica el mismo criterio en sentido inverso.
- Caso Rocha Moya en el centro del debate público.
El marco legal de las extradiciones
El tratado de extradición entre México y Estados Unidos está vigente desde 1978 y ha sido actualizado mediante protocolos posteriores. Establece el procedimiento por el cual cualquiera de los dos países puede solicitar la entrega de personas requeridas por delitos cometidos en su territorio, sujeto a la presentación formal de pruebas y al cumplimiento de garantías procesales para la persona reclamada.
La detención con fines de extradición urgente es una figura específica que requiere que el país solicitante aporte elementos suficientes para que un juez del país requerido autorice la captura. La negativa basada en falta de pruebas no impide presentar de nuevo la solicitud con material complementario.
El contexto: el caso Ayotzinapa y el huachicol fiscal
El caso Ayotzinapa, vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, mantiene varias líneas de investigación abiertas. Una de ellas implica a presuntos responsables que se encuentran en territorio estadounidense y cuya extradición ha sido solicitada por la Fiscalía General de la República.
El expediente de huachicol fiscal, en el que están imputados los hermanos Farías Laguna y otros funcionarios de la Secretaría de Marina, también cuenta con personas requeridas en Estados Unidos. La declaración presidencial sobre las negativas estadounidenses refuerza la posición del gobierno mexicano en estos dos asuntos sensibles, donde la imagen de impunidad supera incluso lo que los expedientes muestran a nivel jurídico.
El respaldo institucional
La FGR es la dependencia encargada de tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de extradición. El gobierno federal sostiene que cada expediente fue construido conforme a los estándares mexicanos de evidencia, los cuales son auditados por jueces federales antes de su envío a Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) canaliza los expedientes a las autoridades estadounidenses competentes a través de la Oficina del Procurador General estadounidense (Department of Justice).
La presidenta también señaló que en el mes de mayo se esperan visitas de secretarios de gobierno estadounidense a México, con quienes se discutirán temas de seguridad, narco, fentanilo, migración y comercio. La agenda bilateral mantiene niveles de coordinación elevados pese a las tensiones recientes.
El mensaje político interno
La declaración presidencial también persigue un objetivo de política interna: blindar al gobierno frente a las acusaciones de la oposición de que existe protección hacia funcionarios de Morena señalados desde el exterior. Al exhibir cifras concretas de casos donde Washington ha negado entregas a México, el Ejecutivo federal coloca el debate sobre cooperación judicial en términos simétricos y no de país requerido versus país requirente.
La estrategia se apoya también en argumentos de soberanía nacional, una de las banderas políticas más constantes del actual sexenio. Las próximas semanas dirán si los 38 casos avanzan con material complementario o si se quedan, como hasta ahora, en el limbo de la cooperación judicial frustrada.