Por Gabriela Ruíz Patiño · Coordinadora de Estados
El Sureste mexicano —Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo— ha enfrentado durante décadas tarifas eléctricas que no se ajustan a su clima extremo, infraestructura insuficiente y servicio intermitente. El gobierno federal lanza un plan integral con la CFE para reconstruir la red, ampliar las tarifas preferenciales y modernizar el suministro en estos siete estados.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) avanza en la implementación del Plan de Justicia Energética para el Sureste, que contempla inversión en infraestructura eléctrica, ampliación de las tarifas preferenciales por clima extremo y modernización del suministro en siete estados de la región, en una iniciativa que busca atender una de las brechas históricas más notorias del sistema energético mexicano.
El plan, anunciado en el marco de la política energética del actual gobierno federal, atiende un reclamo histórico del Sureste: tarifas eléctricas altas frente a un clima húmedo y caluroso que obliga al uso intensivo de aires acondicionados, infraestructura insuficiente que provoca cortes recurrentes y un servicio que no se compara con el del resto del país. La CFE coordina la ejecución con base en un diagnóstico regional.
El diagnóstico: brecha histórica
El Sureste mexicano enfrenta condiciones climáticas extremas. Las temperaturas promedio durante el verano superan los 35 grados centígrados en Tabasco, Campeche, sur de Veracruz y la península de Yucatán. La humedad alcanza niveles superiores al 80 % en gran parte del año. Estas condiciones hacen del aire acondicionado un servicio básico, no un lujo: una familia promedio en Tabasco puede consumir tres o cuatro veces la electricidad de una familia equivalente en el Bajio.
Sin embargo, las tarifas eléctricas históricamente no han reflejado esta realidad climática. Las familias pagaban tarifas similares a las de regiones más templadas, generando un gasto desproporcionado en electricidad respecto a su ingreso. La CFE ha mantenido tarifas preferenciales por clima, pero estas no han sido suficientes en alcance ni en cobertura para resolver la inequidad estructural.
Los tres ejes del plan
El Plan de Justicia Energética se articula en tres ejes principales. El primero es la ampliación y refinamiento de las tarifas preferenciales por clima extremo, que incluye revisión de los rangos de consumo, ajuste de las temperaturas promedio que activan las tarifas reducidas y mejor focalización hacia las familias de menor ingreso.
El segundo eje es la inversión en infraestructura. La región requiere ampliación de redes de transmisión, nuevas subestaciones, modernización de líneas de distribución y reforzamiento de la generación local. La CFE ha comprometido recursos específicos para estas obras durante 2026 y 2027.
El tercer eje es la modernización del servicio: medición inteligente, atención al cliente, sistemas digitales de reporte de fallas y reducción de tiempos de respuesta ante cortes. La región ha registrado tradicionalmente tiempos de reposición más largos que el promedio nacional.
- Cobertura: siete estados del Sureste mexicano.
- Estados: Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
- Ejes: tarifas preferenciales, infraestructura y modernización.
- Operador: CFE como ejecutor.
- Horizonte: ejecución 2026-2030.
Los siete estados del programa
El plan cubre los siete estados del Sureste: Tabasco, donde el clima húmedo y caluroso es más intenso y donde la cuenca de tabasco ha exigido históricamente atención especial; Campeche, con clima similar y población dispersa; Chiapas, con regiones de costa caliente (Tapachula) y altura templada (Tuxtla, San Cristóbal); Oaxaca, en sus regiones costeras y istmica; Veracruz, en su zona sur; Yucatán y Quintana Roo, en la península.
Cada estado tendrá proyectos específicos según sus necesidades particulares. La CFE coordina con los gobiernos estatales para identificar prioridades, evaluar tendencias de consumo y validar las inversiones. La participación estatal busca asegurar que las obras correspondan a necesidades locales y no a un modelo único aplicado por igual a regiones distintas.
El reto de las tarifas
Las tarifas eléctricas en México son reguladas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y aprobadas por la Secretaría de Energía. La revisión de las tarifas preferenciales por clima requiere coordinación entre CRE, Sener, CFE y Hacienda. La política busca un equilibrio: tarifas suficientes para cubrir costos operativos y de inversión, pero accesibles para familias de bajos ingresos en regiones climáticamente desfavorecidas.
El gobierno federal ha sostenido que las tarifas no aumentarán en términos reales durante el sexenio, lo que implica revisiones periódicas ajustadas a la inflación. La revisión del esquema tarifario preferencial es complementaria a esta política general.
El impacto previsto
El plan beneficiará, en términos generales, a más de 20 millones de habitantes del Sureste mexicano. La mejora del servicio eléctrico tendrá efectos visibles en la calidad de vida —disponibilidad de aire acondicionado durante todo el verano, electrodomésticos esenciales operando sin interrupciones, atención médica y educativa apoyada por el servicio eléctrico— y en la actividad económica, particularmente para PyMES, comercios y agroindustria que dependen del suministro.
La mejora del suministro también incide sobre el plan de electromovilidad del gobierno federal, ya que la región del Sureste es objetivo del proyecto Olinia para el vehículo eléctrico nacional. La red eléctrica robusta es prerrequisito para la masificación de la electromovilidad.
Lo que sigue
La CFE continuará con la ejecución del plan en los próximos 36 meses. Los datos puntuales de avances en obras, número de familias beneficiadas con tarifas preferenciales actualizadas y resultados en tiempos de respuesta a fallas se publicarán periódicamente. La Secretaría de Energía coordina la política energética nacional y monitorea la implementación del plan en el Sureste.
El reto político y operativo es asegurar la ejecución efectiva: las inversiones aprobadas deben materializarse en obras, las tarifas revisadas deben alcanzar a las familias destinatarias, y la modernización del servicio debe traducirse en mejoras tangibles para el usuario final. La medición del impacto y la rendición de cuentas serán claves para que el plan cumpla con su propósito de justicia energética.