POLÍTICA
La presidenta firmó la convocatoria; la iniciativa llegará al Congreso el 12 de octubre tras escuchar a las comunidades.
Por Daniela Sandoval Rivera · Coordinadora de Política · Ciudad de México · 29 de junio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este lunes la convocatoria a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y afromexicanos sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, ley reglamentaria que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso de la Unión el 12 de octubre.
El anuncio se hizo durante la conferencia matutina del 29 de junio de 2026, en la que la mandataria explicó que la consulta busca recoger las propuestas de las comunidades antes de que el texto se discuta en el Legislativo. La ley reglamenta la reforma constitucional de 2024 que reconoció a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público.
De acuerdo con la Presidencia de la República, el calendario contempla un periodo de diálogo con autoridades comunitarias en sus propias lenguas y formas de organización, de modo que las observaciones se integren al proyecto que finalmente recibirá el Congreso. El objetivo es que la norma traduzca a leyes secundarias los derechos ya inscritos en la Constitución.
La consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos sobre la ley reglamentaria se realizará antes de presentar la iniciativa al Congreso el 12 de octubre, según informó la Presidencia de la República.
Qué reglamenta la nueva ley
La reforma al artículo 2º constitucional, promulgada en 2024, estableció que los pueblos indígenas y afromexicanos son sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Sin embargo, ese reconocimiento requiere de una ley general que detalle cómo se ejercen esos derechos: libre determinación, autonomía, acceso a recursos, consulta previa y participación en la vida pública. Esa es, precisamente, la pieza que el Ejecutivo busca completar.
La consulta previa es un requisito reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del que México es parte. Ese instrumento obliga al Estado a consultar a los pueblos cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles. Por eso el proceso anunciado este lunes es un paso jurídicamente necesario para que la ley sea válida.
Fechas clave del proceso
2024: Reforma constitucional reconoce a pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
29 de junio de 2026: La presidenta firma la convocatoria a la consulta.
12 de octubre de 2026: Fecha prevista para enviar la iniciativa al Congreso de la Unión.
Qué significa para las comunidades
Para las comunidades, el resultado de la consulta definirá reglas concretas sobre temas que las afectan directamente: el reconocimiento de sus autoridades tradicionales, la administración de presupuestos propios, la protección de sus territorios y la manera en que se les consultará sobre obras o proyectos. La participación en el proceso es la vía formal para que esas definiciones recojan su voz.
El gobierno federal ha señalado que la consulta se realizará en las lenguas de cada pueblo y a través de sus formas propias de asamblea. Las personas interesadas en conocer las sedes, fechas y reglas del proceso pueden seguir la información oficial que difunda la Presidencia y las instituciones encargadas de los asuntos indígenas.
El antecedente
La discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas atraviesa la historia reciente de México, desde los Acuerdos de San Andrés de 1996 hasta la reforma de 2024. La ley reglamentaria que ahora se consulta es vista como el paso que faltaba para dar contenido operativo a un reconocimiento que durante décadas quedó en el plano de los principios. La fecha elegida para enviar la iniciativa, el 12 de octubre, coincide con la jornada que el gobierno ha resignificado como un día de reflexión sobre los pueblos originarios.