SEGURIDAD
OFAC sancionó a un contador y a una red de empresas fachada; el gobierno mexicano participó en la investigación a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Por Sergio Beltrán Morán · Coordinador de Seguridad
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 30 de junio a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas por operar una red de huachicol fiscal que financia al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) documentaron que el cartel usa las ganancias del combustible robado para pagar campañas políticas y sobornar funcionarios en México.
La acción se coordinó con un grupo de trabajo de Seguridad Nacional del sur de Texas y con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano. Según el comunicado oficial del Tesoro, el esquema combina contrabando transfronterizo, documentos aduaneros falsificados y empresas fachada para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que aplica a los combustibles.
Quién fue sancionado
El principal señalado es Oscar Guillermo Juraidini Silva, descrito por el Tesoro como contador y operador financiero del CJNG en el esquema de huachicol. Juraidini crea empresas fachada y falsifica documentos aduaneros para introducir combustible desde Estados Unidos a México, y genera, según la dependencia, decenas de millones de dólares al año para el cartel. Sus empresas —Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y la británica Cucumber Sweet Waves— quedaron incluidas en la lista de personas bloqueadas.
También fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagómez, señalado por introducir combustible sin permisos a través de las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. De acuerdo con hallazgos de la Fiscalía General de la República mexicana, citados por el Tesoro, Jomadi es una comercializadora vinculada a huachicol fiscal que movió decenas de millones de dólares con terceros relacionados al CJNG.
«Las acciones de hoy muestran hasta dónde se expanden los cárteles mexicanos más allá del tráfico de drogas para generar ingresos para sus organizaciones criminales.»
Cómo opera el huachicol fiscal
El huachicol fiscal es distinto al robo de combustible a ductos de Pemex. Consiste en introducir gasolina, diésel y otros combustibles desde Estados Unidos con documentación aduanera alterada para evadir el IEPS. Comercializadoras mexicanas con permisos de distribución —pero sin el permiso de importación de la Secretaría de Energía— compran el combustible a distribuidores estadounidenses cómplices y emiten facturas falsas para legalizarlo dentro de México. El Tesoro estima que entre una cuarta parte y un tercio de todo el combustible que se vende en México podría ser ilícito.
Datos clave
2
Mexicanos sancionados por OFAC
9
Empresas incluidas en la lista SDN
160+
Reportes de actividad sospechosa (SAR) en 12 meses
$7,000 mdd
En actividad sospechosa detectada por FinCEN
El señalamiento sobre financiamiento electoral
El punto más sensible del comunicado del Tesoro es el señalamiento de que, en México, los cárteles usan las utilidades de la venta ilegal de combustible para hacer pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación, con el fin de ayudar a elegir a políticos dispuestos a colaborar con el crimen organizado en posiciones administrativas clave. El documento del Tesoro no identifica partidos, campañas ni nombres de políticos específicos: el señalamiento es general y forma parte del análisis de tipologías financieras de FinCEN, no de una acusación penal individualizada.
El gobierno de México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, pidió a Estados Unidos presentar las pruebas de esos vínculos. El caso se suma a otras acciones de OFAC contra el huachicol relacionado con el CJNG, entre ellas las de septiembre de 2024 y mayo de 2025.
Qué significa para México
Las sanciones bloquean cualquier propiedad de los señalados dentro de Estados Unidos y prohíben a personas y empresas estadounidenses hacer negocios con ellos. Para el consumidor mexicano, el caso confirma un dato que Profeco y la Secretaría de Energía han documentado por separado: una parte relevante del combustible que se vende en estaciones de servicio en México no paga impuestos completos, lo que distorsiona precios y reduce la recaudación fiscal que financia programas públicos. El Tesoro invitó a quien tenga información sobre violaciones a sanciones a reportarla a través del programa de recompensas de FinCEN.