INTERNACIONAL
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó a una red de huachicol fiscal con el CJNG y con pagos a campañas; la presidenta pidió evidencia documental.
Por Ricardo Mendoza Acuña · Jefe de Información
Un reportero levanta la mano por tercera vez esa mañana en el salón Tesorería de Palacio Nacional. Son poco después de las siete, el mismo horario de siempre, y la pregunta que quiere hacer ya flota en el aire desde hace dos días: ¿qué va a responder el gobierno de México a Washington?
Ese miércoles 1 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió en su conferencia matutina a las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó contra dos ciudadanos mexicanos y nueve entidades por una red de huachicol fiscal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según consta en la versión estenográfica de la conferencia de prensa publicada por la Presidencia de la República. La red de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también incluyó referencias a presuntos pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación en México.
Lo que pidió la presidenta
Sheinbaum solicitó a las autoridades estadounidenses que presenten evidencia documental sobre la acusación de que las ganancias del huachicol fiscal ligado al CJNG se usaron para financiar campañas políticas y medios en México. «Nunca se nos informó de eso», dijo la mandataria en la conferencia, y cuestionó directamente: ¿qué pruebas tienen? Según la versión estenográfica, la presidenta subrayó que el comunicado del Tesoro no identificó públicamente campañas, partidos, candidatos ni beneficiarios específicos, y que tampoco se publicó evidencia documental de esos pagos.
La mandataria también expresó su malestar porque el Tesoro estadounidense difundió el comunicado antes de concluir una comunicación conjunta con el gobierno mexicano, un paso que, de acuerdo con lo dicho en la conferencia, suele preceder este tipo de anuncios entre ambos países cuando involucran a ciudadanos o empresas mexicanas.
Datos clave
- 2 ciudadanos mexicanos y 9 entidades sancionados por el Tesoro de EU el 1 de julio de 2026.
- La red se vincula a huachicol fiscal y al CJNG, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
- Los dos ciudadanos mexicanos mencionados ya eran investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
- El gobierno mexicano no recibió evidencia documental de los presuntos pagos a campañas, según la presidenta.
Por qué importa esta acusación
La acusación del Tesoro estadounidense ocurre en un contexto donde Washington ha intensificado sus señalamientos sobre el financiamiento ilícito de células del crimen organizado en México, incluyendo al CJNG, catalogado por el gobierno de Estados Unidos como organización terrorista extranjera desde principios de 2026. Que el comunicado mencione presuntos pagos a campañas políticas mexicanas eleva el tema de un asunto estrictamente de seguridad a uno con implicaciones electorales y diplomáticas, justo antes de que México entre en un nuevo ciclo electoral rumbo a 2027.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda mexicana confirmó que los dos ciudadanos señalados por el Tesoro ya formaban parte de investigaciones abiertas en México antes del anuncio estadounidense, lo que el gobierno mexicano ha usado como argumento para sostener que las autoridades del país ya actuaban sobre el caso de forma independiente.
Qué sigue en la relación bilateral
Para los ciudadanos mexicanos, el episodio no cambia de forma inmediata ningún trámite, pero sí anticipa una etapa de mayor escrutinio en la relación financiera entre México y Estados Unidos, particularmente en temas de combate al huachicol fiscal y lavado de dinero. El gobierno mexicano señaló que buscará una comunicación formal con el Departamento del Tesoro para conocer el detalle de las pruebas antes de emitir una postura definitiva sobre las acusaciones de financiamiento a campañas.
Las sanciones del Tesoro también implican el bloqueo de activos en territorio estadounidense para las personas y entidades sancionadas, además de restricciones para que ciudadanos o empresas de ese país realicen operaciones financieras con ellas, un mecanismo que Washington ha usado de forma creciente contra redes vinculadas a células del crimen organizado en México.
El reportero de Palacio Nacional cierra su libreta cuando termina la respuesta. La pregunta que trajo desde hace dos días quedó contestada a medias: hay una exigencia de pruebas, pero todavía no hay pruebas sobre la mesa.