Rosa Urbina integra la comisión que vigila a la ASF, mientras su gestión en Tapachula enfrenta observaciones por 7.2 mdp y su hijo ocupa un cargo directivo en el órgano fiscalizador.
La diputada federal Rosa Irene Urbina Castañeda, expresidenta municipal de Tapachula, forma parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instancia legislativa encargada de supervisar al órgano que mantiene observaciones por 7 millones 223 mil 312 pesos contra la administración municipal que ella encabezó.
además Javier Eduardo Rubiera Urbina, hijo de la diputada, ocupa el cargo de Director de Dictaminación C.2 en la Dirección General de Dictaminación C de la ASF, con fecha de alta el 16 de junio de 2026. Su nombre aparece en el directorio oficial de la institución bajo el área AEDI-DGDC.
Las observaciones derivan de la Auditoría 630/2023, denominada «Participaciones Federales a Municipios», de modalidad presencial, incluida en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023 y publicada por la Dirección General de Auditoría del Gasto Federalizado.
Entre los hallazgos, la ASF determinó que el Ayuntamiento de Tapachula no acreditó que las luminarias adquiridas cumplieran con las especificaciones pactadas en los contratos, pese a que el pago ya se había realizado. Los contratos observados incluyen las claves MTC/SOPM/PIM/CO/0001/2023, 0004, 0009 y 0010, con 535 fojas certificadas y 220 megabytes de documentación entregada al órgano fiscalizador.
Un tercer elemento se suma al caso: El organismo también identificó un posible conflicto de interés en la adjudicación del contrato para la remodelación del Parque Central Miguel Hidalgo, al advertir un parentesco entre un contratista beneficiado y un servidor público municipal. El hallazgo derivó en cinco promociones de responsabilidad administrativa.
La confluencia de los tres elementos, la posición de la diputada en el órgano de vigilancia legislativa de la ASF, las observaciones sobre su gestión municipal y el cargo directivo que ocupa su hijo dentro de la institución, ha generado cuestionamientos sobre la independencia de los procesos de fiscalización involucrados.