Seguridad
El exgobernador de Baja California fue trasladado al Altiplano tras casi 40 horas de audiencia por presunta delincuencia organizada.
Por Sergio Beltrán Morán · Coordinador de Seguridad
Un juez federal dictó el sábado prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y siete personas más, tras casi 40 horas de audiencia por videoconferencia, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
Cómo operaba la red, según la investigación de la FGR
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación identificó una red ferroviaria de contrabando de combustible que operaba en al menos nueve estados del país, con el aseguramiento de 170 carros tanque, más de 18 millones de litros de combustible decomisados y un daño estimado a la hacienda pública de 4 mil millones de pesos entre enero y julio de 2025. Según la FGR, el esquema conocido como «huachicol fiscal» no opera mediante tomas clandestinas a ductos, sino a través de empresas importadoras, agencias aduanales y operadores ferroviarios que alteran permisos de importación y usan documentación falsa para clasificar el combustible bajo fracciones arancelarias correspondientes a químicos o aceites no sujetos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Las autoridades federales señalan que la presunta red vinculada a Ruffo Appel operó a través de la empresa Ingemar, de la cual es accionista mayoritario, mediante la importación irregular de derivados del petróleo procedentes de Estados Unidos.
El caso en cifras
- Personas con prisión preventiva: 8, incluido Ernesto Ruffo Appel.
- Duración de la audiencia por videoconferencia: casi 40 horas.
- Carros tanque asegurados en la investigación federal: 170.
- Combustible decomisado: más de 18 millones de litros.
- Daño estimado a la hacienda pública: 4 mil millones de pesos (enero-julio de 2025).
- Estados donde operaba la red, según la FGR: al menos nueve.
A dónde fue trasladado
Tras la resolución judicial, Ruffo Appel fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1, conocido como «El Altiplano», en Almoloya de Juárez, Estado de México, bajo un operativo de seguridad reforzado. La prisión preventiva es una medida cautelar mientras continúa el proceso penal; no equivale a una sentencia y los acusados conservan la presunción de inocencia hasta que un juez resuelva el fondo del caso.
El caso se suma a otras investigaciones federales por huachicol fiscal
La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado la existencia de al menos dos investigaciones activas de la FGR en materia de huachicol fiscal, y ha reiterado en distintas conferencias matutinas que las autoridades federales darán seguimiento a los casos sin importar los perfiles políticos involucrados. El gobierno federal ha detallado en semanas recientes el destino de millones de litros de combustible decomisados en operativos similares, como parte de la estrategia contra el contrabando fiscal de hidrocarburos.
Qué sigue en el proceso
Con la prisión preventiva dictada, el proceso penal continúa su curso mientras el Ministerio Público Federal integra la carpeta de investigación y se desahogan las pruebas correspondientes. La defensa de Ruffo Appel ha solicitado, de acuerdo con reportes periodísticos citados por la familia, que el caso se resuelva conforme a un «proceso justo», en referencia a los alcances de la investigación y a la duración de la audiencia inicial.