Nacional · Política
El decreto se presentará este jueves junto con la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro; busca que ninguna dependencia clasifique datos como reservados sin que exista de por medio un proceso judicial.
Por Daniela Sandoval Rivera · Coordinadora de Política
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes, en su conferencia matutina, un decreto que impedirá a las dependencias federales reservar información a discreción; dijo que el documento se presentará el jueves con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Qué dijo la presidenta
Durante «La Mañanera del Pueblo» del 28 de julio, Sheinbaum sostuvo que «todo el Gobierno debe ser transparente» y adelantó que el decreto establecerá que la información no podrá ocultarse por decisión unilateral de un funcionario, sino que su reserva deberá justificarse ante una instancia judicial. La mandataria informó que la presentación formal ocurrirá este jueves 30 de julio, en la misma conferencia matutina, con la participación de Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Hasta el cierre de esta nota, la Presidencia no había publicado el texto del decreto ni precisado si reformará la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) o si operará como un acuerdo administrativo aplicable a las dependencias del Ejecutivo federal. REC Media dará seguimiento a la publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una vez que ocurra.
El antecedente que detonó la exigencia
El anuncio llega tres semanas después de un episodio que expuso las fricciones del gobierno con el acceso a la información: el 8 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que transparentaría los documentos sobre la extradición a Estados Unidos de Rubén Rocha e Ismael Inzunza, un día después de haber anunciado que esos mismos documentos permanecerían reservados por cinco años. La marcha atrás generó cuestionamientos sobre los criterios que usan las dependencias para clasificar información como confidencial.
Legisladores de oposición han exigido en semanas recientes mayor transparencia a la administración de Sheinbaum, en particular sobre expedientes de seguridad, procesos de extradición y contratos gubernamentales. El decreto que se presentará el jueves es, hasta ahora, la primera respuesta institucional directa a esa exigencia.
Datos clave
- Fecha del anuncio: 28 de julio de 2026, conferencia matutina.
- Presentación formal: jueves 30 de julio.
- Funcionaria que acompaña: Raquel Buenrostro, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
- Principio central: ninguna reserva de información sin proceso judicial de por medio.
- Marco legal vigente: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Qué significa para el ciudadano
Si el decreto se aplica como lo describió la presidenta, cualquier solicitud de información que hoy sea rechazada por una dependencia federal invocando «reserva» tendría que sustentarse con una justificación judicial, no solo con un oficio interno del área que resguarda el documento. Para una persona que presenta una solicitud de acceso a la información —por ejemplo, sobre un contrato público, un convenio de coordinación o un expediente administrativo— esto podría representar un criterio adicional para impugnar una negativa ante el Instituto Nacional de Transparencia o la instancia que asuma esas funciones.
El cambio también recae sobre la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dependencia creada en la actual administración con el mandato de vigilar el uso de recursos públicos y la conducta de servidores públicos. Su participación en la presentación del decreto sugiere que el documento buscará vincular la política de transparencia con los mecanismos de fiscalización interna del gobierno federal.
Qué sigue
La cita para conocer el contenido íntegro del decreto es este jueves 30 de julio, en la conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. REC Media actualizará esta nota con el texto oficial, su fecha de entrada en vigor y las dependencias obligadas a cumplirlo en cuanto la Presidencia lo haga público.
