Organismo denuncia despojo a comerciantes tsotsiles por parte del ayuntamiento
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que la alcaldesa de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel, ha impedido a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales el derecho de audiencia a personas en condiciones de trabajo informal y alta marginación, lo que a decir del organismo ha generado la imposición de medidas que terminan por legitimar situaciones de injusticia.
En un comunicado, el Frayba rechazó lo que calificó como uso selectivo del espacio urbano en las zonas peatonales y plazuelas del centro histórico, y señaló que de esta situación han sido víctimas Rogelio López Entzin, Angela Entzin Gómez y Rosa López Entzin, integrantes del pueblo maya tsotsil que migraron a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida y eligieron la venta de elotes como sustento familiar.
El organismo indicó que, como parte de esta actividad, la familia ha realizado de manera constante contribuciones anuales a la tesorería municipal, y que anteriormente pertenecieron a la Sociedad Cooperativa de los Altos de Chiapas (Socotcach), organización que dejó de existir tras el fallecimiento de su representante, por lo que desde entonces han gestionado por sí mismos su permanencia en los espacios asignados para la venta de sus productos.
El Frayba, que preside el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, señaló que la insistencia de los afectados por defender su derecho a vender en la vía pública derivó en dos episodios, ocurridos el 12 de febrero y el 13 de agosto de 2026, en los que fueron retirados con lo que el organismo calificó como actuación intimidante, además de que se les decomisaron sus herramientas de trabajo y se les impusieron multas. El 8 de junio de 2026, la autoridad municipal notificó por escrito al Frayba que no era viable la petición de los comerciantes de continuar vendiendo en ese espacio.
El organismo sostuvo que el ayuntamiento dejó de ver a la población trabajadora originaria que ha contribuido históricamente al erario municipal, y consideró que en el caso concurren diversas condiciones de vulnerabilidad, al tratarse de personas del pueblo maya tsotsil, hablantes de una lengua originaria, mujeres y trabajadoras del sector informal con una situación económica precaria.
El Frayba exigió a la autoridad municipal valorar integralmente estas condiciones, adoptar medidas de protección y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los comerciantes afectados.