Política
Un juez de Jalisco declaró inconstitucional la reforma judicial de 2024; la SCJN decidirá si el fallo se extiende a todo el país.
Por Daniela Sandoval Rivera · Coordinadora de Política
Un juez de distrito con sede en Jalisco resolvió que la reforma constitucional al Poder Judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, contradice principios de la Constitución de 1917. La sentencia, firmada el 31 de julio y notificada el 17 de agosto de 2026 tras el periodo vacacional del Poder Judicial, únicamente protege a las personas que promovieron el juicio y no elimina la reforma; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá la última palabra.
Qué encontró el juez
De acuerdo con el proyecto de sentencia difundido por medios especializados en cobertura judicial, el juzgador consideró que la reforma alteró principios esenciales del texto constitucional original, afectó la independencia judicial al sustituir el nombramiento de jueces, magistrados y ministros por elección popular directa, y presentó irregularidades durante su aprobación legislativa, en particular respecto al quórum registrado en la sesión de la Cámara de Diputados del 3 de septiembre de 2024. Ninguno de estos señalamientos ha sido confirmado o descartado todavía por la SCJN, que revisará el expediente en las próximas semanas.
Un amparo con efectos limitados
El principio de relatividad de las sentencias de amparo —regla histórica del sistema jurídico mexicano— significa que este fallo no deroga la reforma ni protege de forma automática a otros jueces, magistrados, ministros o trabajadores del Poder Judicial. Solo beneficia a quienes presentaron la demanda original. Para que el criterio se extendiera a todo el país, se necesitaría una declaratoria general de inconstitucionalidad, un mecanismo que en materia de reformas constitucionales enfrenta, además, una barrera adicional: una reforma al artículo 105 constitucional, publicada el 31 de octubre de 2024, estableció de forma expresa que el juicio de amparo no procede contra reformas o adiciones a la Constitución.
Datos clave del caso
- 31 de julio de 2026: fecha en que el juez firmó la sentencia.
- 17 de agosto de 2026: fecha en que se notificó a las partes, tras el receso judicial de verano.
- 15 de septiembre de 2024: publicación en el DOF de la reforma constitucional al Poder Judicial.
- 31 de octubre de 2024: reforma al artículo 105 que impide el amparo contra reformas constitucionales, el argumento que la SCJN podría usar para no entrar al fondo del asunto.
- Efecto actual del amparo: limitado a las personas quejosas; sin efectos generales mientras la Corte no resuelva.
Qué puede hacer la Corte
La SCJN tiene, en principio, dos caminos. El primero es confirmar el criterio ya adelantado en proyectos previos —como el que la propia Corte discutió en agosto, que propone desechar el estudio de fondo porque la reforma de octubre de 2024 impide el amparo contra normas constitucionales—. El segundo es entrar al análisis de fondo planteado por el juez de Jalisco, escenario que el propio Poder Judicial federal ha calificado como jurídicamente improbable dado el marco vigente. Mientras la Corte no emita una resolución definitiva, la reforma judicial de 2024 —incluida la elección popular de jueces, magistrados y ministros ya aplicada en el proceso electoral de 2025— permanece vigente en todo el país.
Qué significa para el ciudadano
Para la ciudadanía, el litigio no cambia en lo inmediato el funcionamiento de juzgados y tribunales: los procesos judiciales en curso, los ministros y jueces electos en 2025 y los trámites ante el Poder Judicial siguen su curso normal. El caso sí es relevante porque marca el primer pronunciamiento judicial que declara aspectos de la reforma contrarios a la Constitución, y porque la forma en que la Corte resuelva —entrar al fondo o desecharlo por la vía procesal— sentará un precedente sobre qué tan blindadas quedan las reformas constitucionales frente al juicio de amparo hacia adelante.
REC Media dará seguimiento a la fecha en que la SCJN incluya el proyecto en el orden del día del Pleno y a la votación final de las y los ministros.
