Seguridad · Nuevo León
A 15 años del ataque que dejó 52 víctimas mortales en Monterrey, la Suprema Corte determinó que los delitos del caso no prescriben y la FGR mantiene procesos penales abiertos.
Por Sergio Beltrán Morán · Coordinador de Seguridad
Cada 25 de agosto, familiares de las víctimas del Casino Royale se reúnen en Monterrey para recordar a quienes no volvieron a casa esa tarde de 2011. Este año, la fecha se cumplió en medio de una noticia distinta a las anteriores: por primera vez en 15 años, la más alta corte del país les dio una certeza jurídica que hasta ahora no tenían.
El 25 de agosto de 2011, un comando armó incendió el Casino Royale de Monterrey y bloqueó las salidas del inmueble con personas dentro. El ataque, atribuido por las autoridades a una célula de Los Zetas como represalia por la negativa de los dueños del negocio a pagar extorsión, dejó 52 personas muertas. A 15 años de distancia, solo dos sentencias son firmes por el caso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en junio de 2026 que los delitos relacionados con el atentado son imprescriptibles, lo que permite que los procesos penales sigan su curso sin importar el tiempo transcurrido.
Lo que ya está sentenciado
De acuerdo con registros judiciales dados a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR), cinco personas identificadas como integrantes de la célula responsable del ataque recibieron sentencias de 15 años de prisión y multas de 370,578 pesos por su participación en actividades de delincuencia organizada y secuestro. Por separado, una persona sentenciada por homicidio calificado y asociación delictuosa recibió una pena de 218 años de prisión, y en julio de 2025 un exlíder de la célula fue condenado a 135 años por su papel de mando en la organización. Familiares de las víctimas han señalado públicamente que, de los responsables del ataque, apenas un puñado ha enfrentado condena firme, mientras 23 casos permanecen sin resolución definitiva.
Qué cambia con la imprescriptibilidad
La resolución de la SCJN tiene un efecto concreto en al menos un frente adicional del caso: la FGR informó que continuará el proceso penal contra dos exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a quienes se investiga por homicidio culposo y lesiones culposas en la modalidad de comisión por omisión. El proceso contra ambos exfuncionarios sigue abierto y corresponderá a un juez determinar su responsabilidad; hasta el cierre de esta nota no había sentencia firme en su contra.
Para las familias que durante 15 años vieron cómo distintos procesos se estancaban o prescribían sin resolución, la determinación de la Corte representa algo más que un tecnicismo legal: significa que ninguna de las líneas de investigación abiertas —incluida la que revisa si hubo omisiones institucionales durante la emergencia— puede cerrarse por el simple paso del tiempo. Organizaciones que acompañan a las víctimas han insistido en que la reparación integral del daño sigue pendiente en la mayoría de los casos, independientemente de las sentencias ya dictadas contra los operadores materiales del ataque.
Datos clave
- Fecha del ataque: 25 de agosto de 2011 · 52 personas fallecidas
- Sentencias firmes a la fecha: dos, entre ellas condenas de 218 y 135 años a integrantes de mando
- Cinco sentenciados adicionales: 15 años de prisión por delincuencia organizada y secuestro
- Resolución SCJN: junio de 2026, delitos declarados imprescriptibles
- Proceso abierto: dos exfuncionarios del IMSS, por homicidio y lesiones culposas por omisión
- Casos sin resolución definitiva, según familiares: 23
En el memorial de Monterrey, las flores del 25 de agosto de este año se marchitarán como las de cada aniversario anterior. Lo que no prescribirá, a partir de la determinación de la Corte, es la posibilidad de que los expedientes que aún siguen abiertos —incluido el que involucra a las dos exautoridades del IMSS— lleguen algún día a una sentencia. Para las familias que han insistido en no dejar cerrar el caso, esa es, por ahora, la única certeza nueva.

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