Los diputados locales advirtieron que, si el gobernador no publica los decretos, pedirán a la Suprema Corte que lo sancione por desacato, luego de que el tribunal reconoció la validez del procedimiento legislativo con el que se aprobaron.
Por Gabriela Ruíz Patiño · Coordinadora de Estados
El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó este miércoles un Punto de Acuerdo para exhortar al gobernador Samuel García a publicar seis decretos legislativos que había vetado, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la validez del procedimiento con el que la LXXVI Legislatura los aprobó. El acuerdo, presentado por el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente Flores, se aprobó con 28 votos a favor y 9 en contra de Movimiento Ciudadano, según el reporte oficial del propio Congreso estatal.
Qué resolvió la Corte
El pleno de la SCJN resolvió el 31 de agosto la Controversia Constitucional 240/2023, promovida por el gobierno estatal en 2023 contra el Congreso local. El tribunal reconoció que el procedimiento legislativo utilizado por los diputados fue correcto y que dos terceras partes de la bancada avalaron la opinión de la Comisión de Estudio Previo que sustentó los seis decretos. Con ese fallo firme, el Congreso sostiene que la publicación de los decretos ya no depende de la voluntad del Ejecutivo estatal, sino que es un mandato que debe acatarse.
“Ya no es un tema de si quiere o no quiere. Si no lo hace, le vamos a pedir a la Corte que por varias ocasiones sancione al gobernador por un desacato de la Corte, como lo ha hecho en otras ocasiones”, advirtió De la Fuente Flores durante la sesión ordinaria, de acuerdo con el comunicado del Congreso de Nuevo León. El legislador precisó que el Punto de Acuerdo “no significa un nuevo acto jurídico”, sino “un recordatorio de lo que acaba de concluir la Corte”.
Datos clave
- Decretos 118, 139, 148, 151, 184 y 263, aprobados por la LXXVI Legislatura.
- SCJN resolvió la Controversia Constitucional 240/2023 el 31 de agosto de 2026.
- Punto de Acuerdo aprobado con 28 votos a favor y 9 en contra.
- El gobierno estatal sostiene que los vetos del Ejecutivo siguen vigentes.
Qué cambia con cada decreto
Los seis decretos abarcan materias distintas. Uno reforma la Ley de Hacienda de Nuevo León para que el Poder Legislativo, y no el gobernador, designe al titular de la Subsecretaría de Administración Tributaria estatal. Otro modifica las leyes de Movilidad en lo relativo a la factibilidad de obras y el uso de bicicletas y ciclovías. Un tercero toca la Ley de Patrimonio Cultural, en un sentido favorable a las peleas de gallos y la tauromaquia, mientras que otro ajusta las reglas de Adquisiciones para dar mayor certeza a las licitaciones en materia de seguridad pública. La Corte también avaló el ajuste al decreto sobre la conformación del Consejo de Administración de Agua y Drenaje, y una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para crear un Centro de Estudios Económicos dentro del propio Congreso.
Para la ciudadanía de Nuevo León, el desenlace de esta disputa determina, entre otras cosas, quién nombra al responsable de cobrar impuestos estatales, cómo se autorizan obras viales y ciclovías en el área metropolitana de Monterrey, y bajo qué reglas operan las licitaciones públicas de seguridad. El gobierno estatal, por su parte, ha insistido en que los vetos del gobernador “continúan intactos, legalmente en efecto y firmes”, argumentando que la Corte solo revisó un procedimiento interno del Congreso sin invalidar el contenido de los vetos, lo que anticipa una nueva etapa de tensión entre ambos poderes.
Qué sigue
El Punto de Acuerdo no obliga por sí mismo al gobernador a publicar los decretos; es una exhortación política que allana el camino para que el Congreso acuda de nuevo a la SCJN si Samuel García no los publica en el Periódico Oficial del Estado. De confirmarse un eventual desacato, la Corte podría imponer sanciones al gobernador, como ha ocurrido en controversias similares entre poderes estatales en otras entidades.