El exgobernador continuará su proceso por huachicol fiscal en su domicilio en Ensenada, Baja California.
Por Sergio Beltrán Morán · Coordinador de Seguridad
Ensenada, Baja California. Una jueza de control concedió prisión domiciliaria al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de encabezar una presunta red de huachicol fiscal, tras una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada este viernes.
Deja El Altiplano tras más de dos meses
De acuerdo con lo informado, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, determinó retirarle la prisión preventiva oficiosa que mantenía desde julio pasado en el Centro Federal de Readaptación Social El Altiplano, en el Estado de México. Con la resolución, Ruffo Appel tiene un plazo de 48 horas para abandonar el penal de máxima seguridad y continuar su proceso desde su domicilio en Ensenada.
Juan Marcos Gutiérrez, abogado del exmandatario panista, señaló que la defensa presentó un reporte médico sobre las condiciones de salud de Ruffo Appel, quien tiene 74 años, mismo que fue avalado por la Fiscalía General de la República (FGR). Familiares del exgobernador habían solicitado previamente que enfrentara el proceso desde su hogar debido a su edad y a problemas de salud.
Cronología del caso
- 16 de julio de 2026: Ruffo Appel es detenido en Ensenada por la FGR.
- 23 de julio de 2026: un juez lo vincula a proceso junto con otras siete personas y le impone prisión preventiva.
- Julio-septiembre 2026: permanece recluido en el penal de El Altiplano.
- 25 de septiembre de 2026: una jueza le concede prisión domiciliaria.
- Próximas 48 horas: plazo para su traslado a Ensenada.
El esquema de huachicol fiscal
La FGR acusa a Ruffo Appel de su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, relacionados con un esquema conocido como “huachicol fiscal”, término utilizado para referirse al ingreso o comercialización irregular de combustibles mediante mecanismos que buscan evadir obligaciones fiscales y aduaneras. Parte de las investigaciones se ha concentrado en las operaciones de la empresa Ingemar, vinculada con el exgobernador, a través de la cual, según la FGR, se habría movilizado combustible procedente de Estados Unidos.
La prisión domiciliaria mantiene las restricciones judiciales propias de una medida cautelar y no representa el fin del proceso penal en curso, el cual continuará en las etapas subsecuentes conforme a lo determinado por la autoridad judicial.