La auditoría abarca al IFE, al INE y a todos los organismos electorales locales
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisará las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) desde el año 2000, tras detectar lo que calificó como “irregularidades históricas” en el ejercicio del gasto público. Lo informó mediante un comunicado breve.
La dependencia, encabezada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, realiza una auditoría integral al INE y a los organismos públicos locales electorales (Oples), luego de reportes periodísticos sobre un presunto conflicto de interés en las licitaciones de material electoral. Indicó que sus trabajos de inteligencia, entre ellos el análisis de información solicitada a las entidades federativas, advierten múltiples irregularidades.
El estudio abarcará las adquisiciones del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), del INE y de todos los Oples, con el fin de identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales.
La presidenta Claudia Sheinbaum había exhortado en varias ocasiones a revisar las contrataciones, principalmente desde 2014, durante la gestión de Lorenzo Córdova y tras la creación de los Oples. Señaló que al menos cinco empresas controlan la producción de material electoral desde la creación del IFE, sin que se hicieran cambios para evitarlo. La ASF responde en medio de señalamientos entre el partido en el poder y la oposición sobre la responsabilidad en el escándalo.
Por su parte, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, anunció el 3 de noviembre que presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta red de corrupción en la que estaría involucrada Guadalupe Taddei. Explicó que las diez consejerías acordaron que sus equipos jurídicos preparen la denuncia, de carácter general y no dirigida a un funcionario en particular, para incluir a colaboradores sobre quienes existan indicios o señalamientos.
Cruz García afirmó que el instituto continúa revisando todos los contratos, incluidos los de producción de credenciales, cuyo monto supera los mil millones de pesos. En ese proceso participarían las empresas señaladas por su cercanía con la expresidenta consejera.
