Sentencia por homicidios y ataque a futbolistas deja fuera el delito de tortura, señaló una red civil

El juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, Irving Joan González Balleza, condenó a 60 años de prisión al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, y a Felipe Flores Velázquez, entonces secretario de Seguridad Pública municipal, junto con otras 26 personas, por el homicidio calificado de seis personas. Entre las víctimas está Julio César Mondragón Fontaine, estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, asesinado en los hechos del 26 de septiembre de 2014. La información se dio a conocer este jueves 19 de noviembre.

También fueron sentenciados por homicidio simple en grado de tentativa en agravio de 61 personas, por el ataque de la Policía Municipal contra el equipo de futbol Los Avispones, en septiembre de 2014. La resolución establece que Abarca actuó como inductor y Flores Velázquez como autor mediato. Mondragón participó en las movilizaciones de normalistas en Iguala; intentó huir de los disparos y su cuerpo, sin rostro, fue hallado al día siguiente. Esos hechos concluyeron con la desaparición de otros 43 alumnos.

Los abogados de Abarca impugnaron el fallo para que un tribunal colegiado decida si lo confirma, modifica o revoca. El exalcalde ingresó en 2014 al penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, por su presunta responsabilidad en la desaparición de los normalistas. En 2025 un juez informó que fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 18, en Coahuila. Cumple una condena de 20 años por el homicidio del activista Justino Carbajal Salgado, ocurrido en marzo de 2013, y enfrenta procesos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que acompaña a la familia de Mondragón, calificó la sentencia como “un paso” tras doce años, pero “incompleta”, pues omite la tortura. Citó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que obliga a investigar de oficio. La familia y la Red exigen que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue el caso como tortura con los dictámenes forenses existentes, lo haga valer en segunda instancia y que la reparación del daño reconozca ese delito.

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