El movimiento campesino e indígena denunció presiones, vigilancia y amenazas contra familias de comunidades tseltales de la Zona Norte de Chiapas que rechazan la autopista San Cristóbal–Palenque.
Por Sergio Beltrán Morán · Coordinador de Seguridad ·
En los ejidos tseltales del municipio de Chilón, en la Zona Norte de Chiapas, las familias que se han negado a firmar el derecho de vía de la autopista San Cristóbal–Palenque han aprendido a reconocer un patrón: camionetas que llegan sin aviso a medir terrenos, personas que preguntan por los nombres de quienes se oponen y, después, llamadas o visitas que ellas mismas describen como amenazas. Desde hace más de un año, distintas comunidades de la región han documentado ese mismo patrón una y otra vez.
El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) —que agrupa a trece municipios de la región— emitió el 12 de septiembre de 2026 un comunicado en el que denunció un repunte de hostigamiento y amenazas contra familias de comunidades opositoras al proyecto carretero, entre ellas las que integran el Gobierno Comunitario de Chilón, de acuerdo con el texto publicado el 13 de septiembre por Radio Zapatista. El pronunciamiento se dio a conocer en los mismos días en que la presidenta Claudia Sheinbaum realizó actividades en Chiapas, contexto que el propio Modevite señaló en su comunicado como parte de su reclamo por lo que considera indiferencia gubernamental ante sus denuncias previas.
Qué denuncia el Modevite
De acuerdo con el comunicado, autoridades municipales y estructuras locales de poder —el texto se refiere a ellas como «cacicazgos»— han presionado a familias de la región para que acepten ceder sus terrenos al paso de la autopista. El movimiento documentó agresiones directas contra integrantes de comunidades que se han negado a hacerlo, así como un clima de vigilancia que, afirma, se intensificó en las semanas previas a la publicación del texto.
El comunicado no atribuye las amenazas a una dependencia federal o estatal en particular, sino a actores locales que, según el Modevite, actúan en función de intereses ligados al avance de la obra. REC Media no pudo verificar de manera independiente la identidad de las personas señaladas como responsables, información que hasta el cierre de esta nota solo consta en el testimonio de las comunidades afectadas.
Un patrón documentado desde hace más de un año
La denuncia de septiembre no es un hecho aislado. En junio de 2026, la Caravana de Documentación —integrada por organizaciones civiles que acompañan a comunidades opositoras— difundió un comunicado en el que documentó un incidente ocurrido el 29 de mayo, cuando pobladores de Chilón impidieron la colocación de señalamientos de la obra y reportaron después vigilancia con drones y persecución policial contra personas defensoras del territorio. Ese texto incluye una cita textual de las propias comunidades: «denunciamos que en las últimas semanas las comunidades del municipio de Chilón han recibido un aumento en amenazas directas y hostigamiento contra personas defensoras», según recoge EDUCA Oaxaca.
Un mes después, en julio de 2026, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) documentó un patrón más amplio de amenazas contra integrantes del Congreso Nacional Indígena en distintos puntos de Chiapas, entre ellos un despojo de puestos a 39 comerciantes en el mercado Belisario Domínguez de Ocosingo, amenazas en la comunidad de San Francisco, en Teopisca, vinculadas a «un proyecto carretero estatal», el desplazamiento de cinco familias del ejido Jotolá, en Chilón, y amenazas en la localidad de Agua Clara, en Salto de Agua, de acuerdo con La Jornada. Ese reporte documenta un fenómeno regional más amplio que el Frayba vincula a distintos proyectos de infraestructura y despojo en la entidad, no exclusivamente a la autopista San Cristóbal–Palenque, por lo que este medio lo presenta como antecedente de contexto y no como parte de la misma denuncia de septiembre.
Datos clave
- Comunicado del Modevite: 12 de septiembre de 2026, trece municipios agrupados
- Ruta proyectada: 153 kilómetros entre Palenque y San Cristóbal de las Casas, ocho municipios
- Dos demandas de amparo contra la consulta previa, presentadas en marzo de 2025, sin resolución conocida
- Obras iniciadas en junio de 2025; autorización de impacto ambiental otorgada en octubre de 2025, después del arranque
- Antecedentes documentados de hostigamiento: mayo, junio y julio de 2026
Qué es la autopista y por qué genera conflicto
El proyecto de la autopista San Cristóbal–Palenque se propuso originalmente en 2009 y fue retomado por el Congreso en 2019 como parte de la conectividad hacia el Tren Maya. El Gobierno de Chiapas, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, impulsó el arranque de la obra en 2025. Comunidades indígenas de la región —principalmente tseltales y ch’oles— y organizaciones como el Centro de Derechos Indígenas A.C., el Colectivo Brigada Común y el Frayba han señalado que el proceso de consulta previa, requisito establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para proyectos que afectan territorios indígenas, se realizó mediante asambleas convocadas en cabeceras municipales alejadas de las comunidades afectadas y votaciones a mano alzada en actos públicos, de acuerdo con La Jornada.
La vocera del Modevite, Pascuala Vázquez Aguilar, ha señalado en entrevistas previas con medios de la región que «la consulta fue amañada; hicieron reuniones en cabeceras municipales donde no viven los pobladores afectados». Las comunidades han documentado también afectaciones ambientales —extracción de material en al menos trece bancos de material pétreo, deforestación y riesgo para especies como el bagre de Chiapas y la musaraña lacandona— y el uso de programas sociales federales como condición para obtener el consentimiento de las familias.
La postura oficial
REC Media buscó una postura oficial sobre las denuncias específicas planteadas por el Modevite el 12 de septiembre. Hasta el cierre de esta nota, ni la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ni la Secretaría de Gobierno de Chiapas, ni la oficina del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar habían emitido una respuesta pública a esa denuncia puntual.
El gobernador Ramírez Aguilar ha defendido el proyecto en términos generales desde el inicio de su gestión. En un recorrido por el ejido Francisco I. Madero, en el municipio de Salto de Agua, afirmó que la obra busca «mejorar la conectividad y, al mismo tiempo, ayudar a quienes más lo necesitan». En ese mismo evento, el gobernador dio banderazo de salida a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), corporación estatal que —según reportó en julio el Frayba— es una de las fuerzas de seguridad que las comunidades han identificado en episodios de vigilancia y amenazas ligados a la construcción de la autopista. REC Media no encontró un pronunciamiento oficial que responda directamente a esa coincidencia.
Qué pueden hacer las familias que se sienten amenazadas
Las personas defensoras de derechos humanos y comunidades que enfrenten amenazas por su oposición a proyectos de infraestructura pueden acudir a los siguientes mecanismos oficiales:
- Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Secretaría de Gobernación), que puede activar medidas de protección federal: gob.mx/defensorasyperiodistas.
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para presentar quejas por posibles violaciones cometidas por autoridades: línea sin costo 800 715 2000, conmutador 55 5490 7400, o queja en línea en atencionciudadana.cndh.org.mx.
- Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH), con competencia directa sobre autoridades municipales y estatales en la entidad.
- Acompañamiento de organizaciones civiles con presencia documentada en la región, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que da seguimiento a estos casos desde San Cristóbal de las Casas.
Ninguna de estas instancias sustituye una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas en casos de amenazas directas, que las comunidades pueden presentar de forma individual o acompañadas por las organizaciones antes mencionadas.
En Chilón, mientras tanto, las familias que documentaron el paso de las camionetas de medición siguen decidiendo, terreno por terreno, si firman o no. Ninguna autoridad ha tocado su puerta para explicarles qué va a pasar con su tierra si se niegan. Solo saben que, hasta ahora, negarse ha tenido un costo que el Modevite pide, por escrito, que alguien más además de ellas empiece a ver.